Para mejorar la seguridad, la policía necesita estímulos

Por Fitzgerald Cantero Piali, marzo de 2009

La sociedad uruguaya tiene en la inseguridad el mayor mal de la actualidad. No es -lógicamente- un hecho novedoso. Pero sí se ha incrementado en los últimos años. Se hicieron públicos los resultados de una encuesta, que señalan que la mitad de los comerciantes no denuncian los delitos, por no confiar en la policía ni en la justicia.

Algunas medidas tomadas por el actual gobierno, han contribuido en gran medida a incentivar la actividad delictiva. Liberación de reclusos, oficialización del uso de celulares en los complejos carcelarios, restricciones de las potestades policiales, son algunas de las medidas contrarias a la seguridad adoptadas. Un policía debe tratar con mucho cuidado a un individuo en actitud sospechosa, porque -se entiende por parte del gobierno del Frente Amplio- se le violan sus derechos humanos. Esa autoridad, hizo mucho hincapié en los derechos humanos de los reclusos. Lo cual no está mal, si al mismo tiempo se contemplan los derechos de las víctimas. Los ciudadanos honrados deben enrejarse y destinar parte de su presupuesto a seguridad.

El cuerpo policial está sufriendo problemas importantes. Sueldos bajos que obligan a realizar servicios de vigilancia extra, con la consiguiente falta de descanso, que repercute en el rendimiento del policía, es sólo una parte de la difícil coyuntura.

Hay deficiencias de corte moral. Cuando un policía actúa en un procedimiento, muchas veces debe pasar largas horas en los juzgados a riesgo de ser detenido por su actuación. Y cuando apresa a un delincuente y este le expresa su situación de vida, las comodidades son tan notorias a su favor, que desaniman a cualquier espíritu altruista.

Hace unos días, recorriendo barrios de la periferia capitalina, tuve la oportunidad de conversar con un policía que me narró su peripecia personal. En una oportunidad -nos decía- un delincuente le mostraba las “ventajas” de dedicarse al delito. Por ejemplo, el valor del calzado que el delincuente llevaba, era una vez y media el salario mensual del policía. Las horas que pasan en su hogar con su familia, también los diferencia y mucho. Mientras el delincuente se aleja de su casa cuatro horas para delinquir y permanece en ella 20; al policía le ocurre lo contrario, pasa muy pocas horas en su casa y por lo general para descansar. El delincuente cría a sus hijos y seguramente los forma para el delito. El policía no ve crecer a los suyos.

Por supuesto que delinquir tiene su castigo, pero para el delincuente que habló con este policía, la situación no era tan mala. Según él, la cárcel le sirve para entrenarse y para elucubrar su próxima fechoría, al mismo tiempo que le dan de comer.

Otras de las grandes dificultades que enfrentan los policías es la vivienda. Muchos -como el oficial con el que hablé- viven en barrios señalados por el propio Ministerio del Interior como zonas rojas, esto es, regiones en las que el delito campea. Es decir, conviven con los delincuentes. Lo que es peor, el policía deja su casa para cumplir con su servicio y su esposa e hijos quedan en la convivencia con quienes aquel debe perseguir. Las represalias están al orden del día.

Buena cosa sería que se construyeran viviendas policiales. Las que además de estimular la labor policial, aseguraran un techo para su familia, permitiría estrechar lazos de convivencia, vecindad, cooperación y solidaridad entre el cuerpo policial. Claro, se me dirá que como estamos en campaña electoral, que desde la oposición es fácil proponer estas cosas, que no hay dinero, etc. etc. Dinero hay, la clave está en cómo se utiliza.

Por ejemplo U$S 50.000.000 ha gastado el gobierno en la producción de la caña de azúcar, que emplea, según el presidente de la petrolera estatal, unos “tres mil puestos de trabajo directo e indirecto”, emprendimiento que arroja pérdidas por todos lados.

Otro tanto se destinó para mantener la aerolínea nacional (PLUNA), asociándose con privados, en otro de los negocios que da pérdidas. Además el Estado es garante en U$S 152.000.000 para la compra de aviones. O sea, si la coyuntura lo amerita, todos los uruguayos debemos desembolsar esa cifra.

Pero eso no es todo. De manera innecesaria, el gobierno del FA compró las estaciones de combustibles de la multinacional Texaco, de la cual había sido Gerente General uno de sus ministros. El valor total -incluyendo la compra en sí y la sustitución de la cartelería- llegó a los U$S 30.000.000.

Con la misma falta de necesidad, el gobierno del Frente Amplio le pagó U$S 28.000.000 al grupo Moon por la re-compra del “Cerro Free Port”.

Esta política pública, de destinar los recursos a la construcción -según estos números, U$S 310.000.000- de 10.333 viviendas, hubiera redundado en un dinamismo en la economía y en el bienestar de más de la tercera parte del cuerpo policial.

Cuando los civiles somos víctimas de la delincuencia y no quedamos conformes con el procedimiento policial, deberíamos reparar, entre otras cosas, en las condiciones de trabajo de quienes deben protegernos.

La situación amerita mayor profundidad en el análisis. Falta abordar la carencia de profesionalización y la ausencia de vocación de los policías. También es necesario atacar las causas del delito, para lo cual la educación puede y debe jugar un rol fundamental. Y es inexorable profundizar en las condiciones de reclusión.

Sigo junto a mi equipo trabajando en estos temas y en futuras ediciones seguiremos compartiendo nuestras propuestas.